La pandemia trancó varios proyectos que estaban encaminados pero también puso a Uruguay en el radar de algunos empresarios.

Las zonas francas de Uruguay viven una situación un poco contradictoria. Por un lado, la llegada del virus al país hizo que varios proyectos que estaban encaminados para instalarse en esos territorios se frenaran. Pero, al mismo aumentaron las consultas de empresas extranjeras sobre una posible mudanza.

Es claro que mientras dure la pandemia y las fronteras se mantengan cerradas es casi imposible que las consultas se transformen en proyectos concretos. Sin embargo, el manejo que el país hizo del virus y la repercusión internacional que eso tuvo permitió poner a Uruguay en el radar de algunas empresas internacionales. 

“Hemos recibido muchas consultas de distintos países en cuanto a los servicios y las ventajas que ofrecen las zonas francas”, aseguró a El Observador el vocal de la Cámara de Zonas Francas Daniel Carriquiry. Sin embargo, aseguró que la pandemia paralizó “muchísimo proyectos” que ya estaban cerca de concretarse.

De todos modos, Carriquiry fue cauto y señaló que para que una empresa tome la decisión de mudarse pueden pasar hasta dos o tres años desde las primeras consultas. “Hay mucha consulta y eso es muy bueno. Pero son temas muy delicados”, señaló el presidente del centro logístico Costa Oriental ubicado en Zonamerica.

La situación económica y social que vive Argentina también juega a favor de Uruguay. Las restricciones a las empresas en el país vecino hacen que también comiencen a mirar para el otro lado del río De la Plata. “Son expectativas que esperamos que una vez que finalice la pandemia se concreten”, agregó Carriqury.

Dentro de América Latina Uruguay compite principalmente con Colombia y Costa Rica para atraer empresas a que se instalen en zonas francas, según explicaron fuentes del sector. Y en ese sentido, el país tiene algunas ventajas: la cercanía con Brasil (el principal mercado de América Latina), el manejo del portugués y particularmente del inglés.

En el examen Test of English as a Foreign Language (Examen de inglés para no nativos, TOEFL), uno de los más extendidos para medir el nivel de inglés de la población adulta, Uruguay encabeza el ranking de América Latina. A nivel general, otros rankings ubican a Uruguay entre los mejores países, pero por detrás de Argentina.

Si a eso se le suma que las zonas francas tienen tasa cero en el impuesto a la renta, frente al 20% que pagan en Colombia (33% en territorio no franco), Uruguay se vuelve un destino atractivo. De todos modos, el país caribeño tiene menos costos, un volumen de mano de obra mucho mayor y está más cerca de Estados Unidos, que también puede ser visto como una ventaja para algunos temas. Las grandes zonas francas colombianas están orientadas, más que nada, a logística e industria.

Zonamerica, que nació como zona franca en Uruguay en 1990, abrió una sede en Colombia a fines de 2018 enfocada en el sector servicios.

Trabajadores extranjeros en zonas francas

La actividad general de zona franca debe tener como trabajadores un mínimo de 75% de ciudadanos (naturales o legales) uruguayos. Sin embargo, para las empresas de servicios ese mínimo es menor: 50%.

En un contexto de aumento del interés de extranjeros de venir a residir a Uruguay (debido a los cambios impulsados en residencia fiscal) el estudio Andersen Tax & Legal organizó una charla para hablar respecto a los beneficios para el personal extranjero en zona franca.

Los empleados deben tener una aprobación migratoria para poder trabajar en el país. El simple inicio del trámite migratorio ya permite anotar al trabajador ante el Banco de Previsión Social. Los trabajadores extranjeros de zonas francas tienen la posibilidad de aportar a la seguridad social o no. De eso depende también su aporte al Fonasa y la correspondiente cobertura de salud, según explicó Cecilia Ricciardi, socia del estudio.

Cierre de fronteras disparó las ventas en los comercios de Salto y Paysandú

Puede seguir aportando a su jubilación en su país de origen. No aportar, también implica no tener acceso al seguro de paro u otros subsidios que puede ofrecer el BPS.

Los aportes que se realizan sobre la remuneración se dividen en dos grandes rubros: el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y los aportes a la seguridad social. El personal extranjero que optó por no aportar al BPS también tiene la opción de ser gravado por el Impuesto a la Renta de los No Residentes. Es decir, una tasa fija del 12% sobre todo el sueldo (el IRPF tiene tasas que se aplican por franjas y van de 0% a 33% según el ingreso).

Las actividades de esa persona se pueden realizar parcialmente en el exterior, no pueden prestar servicios a empresas de territorio no franco y si toman esa decisión la deben mantener durante al menos tres años.

FUENTE: https://www.elobservador.com.uy/nota/aumentan-consultas-de-empresas-extranjeras-para-instalarse-en-zonas-francas–20208516180